Exhortan Cámaras y Asociaciones a SEGOB programa de seguridad para el transporte

Sugieren establecer acciones efectivas para atacar el robo al autotransporte de carga, como parte de la reactivación del Programa Nacional de Seguridad para el Transporte

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), exhortó al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández a establecer, de manera inmediata, acciones efectivas para atacar el robo al autotransporte de carga, como parte de la reactivación del Programa Nacional de Seguridad para el Transporte, basado en la implementación de operativos de vigilancia y protocolos de seguridad en los corredores de mayor riesgo.

El funcionario federal se reunió con líderes de cámaras y asociaciones del autotransporte, encabezados por Ramón Medrano Ibarra, presidente nacional de Canacar y José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo; José Lucio Rodríguez González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Elim Luviano, director general; Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y Elías Dip, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), así como Javier Borrego, diputado por Morena.

Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer semestre del año se registraron 6,389 robos al autotransporte de carga a nivel nacional. En comparación con el mismo periodo de 2021 el robo a camiones se elevó 3.11%.

El Estado de México, con 2,451; Puebla, con 872; Guanajuato, con 646; Jalisco (425) y Michoacán con 417 robos representan las entidades de mayor riesgo para el sector. En conjunto con Querétaro (646); Veracruz (270); San Luis Potosí (223); Hidalgo (207) y Tlaxcala (195), éstos 10 estados concentran el 94.03% de los
eventos a nivel nacional.

“Este es un problema de seguridad nacional y lo vamos a atender” sostuvo López Hernández en el encuentro. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (INEGI), durante 2020, cerca del 8% de las unidades económicas registradas en México, cancelaron rutas de distribución o venta de sus productos como afectación a consecuencia de un delito

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